Vertido en el río Furelos
Un vertido tóxico procedente del parque empresarial de A Madanela, en Melide (A Coruña), está contaminando gravemente el río Furelos, el principal afluente del Ulla en su curso alto, que discurre por la zona ZEC (o LIC) de la sierra del Careón. (Nota: ZEC es una zona de especial conservación en el espacio europeo de la Red Natura 2000, o también LIC, lugar de importancia comunitaria).
Los efluentes proceden principalmente de industrias agroalimentarias que no cuentan con un sistema de depuración acorde a su tipología y capacidad productiva. El arroyo de Piñor transporta sobre su infecto cauce los fluidos y desperdicios que se arrojan desde el polígono industrial de A Madanela. Tras recorrer dos kilómetros el regato desemboca en el río Furelos y allí es donde se extiende el daño.
En la foto superior se aprecia la primera zona de afectación del río Furelos.
Truchas muertas recogidas por la Asociación de Troiteiros Río Furelos.
En la tercera semana de julio la descarga de efluentes tóxicos ha causado la muerte a cientos de truchas y otros muchos animales. Todo el cauce del regato de Piñor está repleto una pasta grisácea de olor nauseabundo plagada de mosquitos y gusanos. Tras su desembocadura en el Furelos se puede ver como esta materia se acumula en los márgenes, remansos y en el lecho del río. A las zonas de contacto entre el agua limpia y la sucia acuden multitud de alevines que ingieren los desperdicios que arrastra la corriente. El vertido en apariencia contiene grasas, proteínas y otros restos orgánicos, combinado todo ello con algún producto químico. Quizás alguna empresa hizo limpieza de sus depósitos de almacenamiento e instalaciones con ácido nítrico... o sosa... o ambos. Tal vez no se le ocurió mejor forma de eliminar los residuos que liberarlos sin control al medio natural.
Fotografía del tubo de drenaje vertiendo directamente al regato de Piñor, dejándolo lleno de restos grasos.
Dairylac es, presuntamente, la empresa causante de esta agresión. Dairylac es un proyecto lácteo reciente que aúna cooperativistas de las tierras comprendidas entre Melide, Chantada y Lalín. Se dedica principalmente al envasado de leche y a la fabricación de derivados lácteos tradicionales.
La conselleira de Medio Ambiente (y exalcaldesa de Melide) Ángeles Vázquez, anunció que va incoar un expediente sancionador por este vertido. Según el diario digital Galici@Press, será la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, la que instruirá los expedientes contra DairyLac siendo que ella formó parte del equipo directivo de la empresa. Y es que este clúster de cooperativas está participado en un 25% por la Xunta de Galicia.
Dairylac recibió muchas subvenciones de la administración pública en los últimos años.
Lo curioso del asunto es que las tres más importantes no aparecen reflejadas en la página web del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones . Hemos conocido la cuantía de estas aportaciones por los carteles que hay a la entrada de la empresa y en su página web. Así, Dairylac recibió del erario público 4.889.003,79 € en 2016; 521.000,00 € en 2017 y 1.105.555,14 € en 2018... ¿6.515.558,93 de euros para qué? Lo ignoramos. Es posible que la fabricación de leche en polvo y la filtración de sueros lácteos sean sus próximas actividades.
En su página web dairylac.es la empresa afirma que puede procesar hasta 249.600 toneladas anuales de leche. Debemos tener en cuenta que una lechería genera en término medio 3,5 m3 de aguas residuales por cada tonelada de leche recibida (dato extraido de la Guía de Mejores Técnicas Disponibles en España del Sector Lácteo - 2005 , editada por el Ministerio de Medio Ambiente). Suponiendo una carga de trabajo máxima, esta empresa podría emitir alrededor de 800.000 m3 de aguas residuales al año, o sea, unos 25 litros cada segundo. Un vertido de este calibre sin tratamiento adecuado sería letal para la vida en el Furelos y el Ulla. No entiendo como se puede construir una industria de esta envergadura sin un plan de gestión de efluentes apropiado. Tampoco entiendo que no haya un sistema de depuración capaz de gestionar los residuos producidos por las empresas del polígono industrial de Melide.
El regato de Piñor está repleto de lodos grises procedentes del vertido continuado.
Los vecinos de Santiso, Agolada y otros ayuntamientos por los que discurren las aguas del Furelos y Ulla se sienten muy molestos -desde hace años- por los vertidos efectuados aguas arriba. Algunos prefieren no denunciar estos hechos porque dicen que afectan negativamente al empleo. Consideran que se debe hacer la vista gorda con las empresas y ser transigentes ya que crean muchos puestos de trabajo en un rural cada vez más empobrecido. Por otro lado están los ecologistas, los usuarios de las playas fluviales, los pescadores y los que viven del turismo, que critican la falta de escrúpulos de los gerentes industriales y la connivencia de las administraciones públicas con aquellos. Los agricultores se sienten agraviados por las sanciones que les caen si realizan actividades mínimamente invasivas dentro del LIC. A los empresarios que están todos los días afectando al medio natural se les permite todo y no se les dice nada. Hasta el momento ninguna autoridad ni institución ha movido un dedo por corregir el problema. Probablemente todo este asunto acabe en una sanción económica perfectamente asumible por la empresa (o, tal vez, por algún organismo público).
Vecinos de Santiso, Agolada y Melide han protestado en la playa fluvial de A Cornella. Posteriormente han recogido firmas para exigir medidas coercitivas y sancionadoras a las empresas causantes del daño.
Existen precedentes sancionadores que se deberían tener en cuenta para valorar esta agresión medioambiental. Recordamos que la empresa lucense Leche Río, en el año 1999, realizó un vertido en el río Tórdea que ocasionó la muerte a miles de peces. Por este motivo el dueño y máximo responsable de la empresa, Jesús Lence Ferreiro, fue condenado en 2007 por la Audiencia Provincial de Pontevedra a cuatro años de prisión y a pagar una multa de 270.000 euros. Luego el Tribunal Supremo rebajó la pena a dos años por lo que no tuvo que entrar en la cárcel. En otra condena posterior, por reincidencia en vertidos en el año 2002, le cayeron 15 meses de prisión y una sanción de 126.000 euros. Tal vez sean necesarias más sentencias ejemplarizantes para que cesen de una vez por todas las prácticas nocivas con el medio ambiente y la salubridad pública.